A los funcionarios kirguises se les ha prohibido abrir cuentas en bancos extranjeros, ayudar a los negocios de sus familiares, participar en transacciones con empresas afiliadas, utilizar recursos oficiales para fines personales, así como recibir regalos o recompensas, salvo los obsequios protocolarios. Las normas correspondientes están establecidas en la ley “Sobre la lucha contra la corrupción”, ya publicada en fuentes abiertas y que entrará en vigor dentro de diez días, informa 24.kg.
El documento establece que los organismos estatales están obligados a crear canales seguros para recibir información sobre casos de corrupción. Al mismo tiempo, se refuerza la protección de las personas que denuncien tales infracciones.
La nueva ley, firmada por el presidente del país, Sadyr Japarov, sistematiza la política estatal en el ámbito de la lucha contra la corrupción, desde la prevención hasta la erradicación y eliminación de las consecuencias de estos delitos. Contiene definiciones de “riesgos de corrupción”, “estándares anticorrupción” y aclara los conceptos de personas afiliadas, parientes cercanos y familiares políticos.
Según los medios de comunicación, por primera vez se define a nivel legislativo un organismo autorizado para la prevención de la corrupción. Este será el encargado de participar en la formulación de políticas estatales, analizar riesgos, evaluar la eficacia de las medidas anticorrupción y publicar informes anuales sobre la situación de la corrupción en la república. No obstante, el documento no especifica qué departamento concreto asumirá dichas funciones y competencias.
Asimismo, la ley refuerza los mecanismos de control financiero. Los funcionarios sujetos a la norma deberán transferir sus acciones y participaciones a una administración fiduciaria, declarar sus ingresos, gastos y propiedades, incluidos los activos en el extranjero. La autoridad tributaria, junto con la unidad de inteligencia financiera, analizará la correspondencia entre ingresos y gastos y, al detectar indicios de enriquecimiento ilícito, remitirá los materiales de las inspecciones a la fiscalía y a los órganos de aplicación de la ley.
Además, se introduce la obligación de realizar análisis de riesgos de corrupción, la pericia anticorrupción de los actos normativos, el mantenimiento de un registro único de delitos de este tipo, la formación de estadísticas en la materia, así como mecanismos de cooperación internacional, incluidas las normas para el retorno de activos obtenidos de forma ilegal.
El Gobierno de Kirguistán deberá armonizar sus actos normativos con la nueva ley en un plazo de seis meses.
